Declaración del UC Presidente Mark G. Yudof sobre ausencias dispensadas para empleados.

La Universidad de California encara un reto financiero serio. Aún con el presupuesto estatal recién adoptado, tenemos un problema de $450 millones por dos años, debido a los recortes del presupuesto estatal que hemos sufrido y a los aumentos de costos de matrícula, servicios públicos, beneficios de salud y otros, para los cuales no hay fondos.

Al enfrentar todos estos retos financieros, debemos reconocer que el mayor atractivo de la universidad, su capital humano, abarca una cantidad sustancial de su presupuesto. Más del 70 por ciento de nuestro presupuesto básico se asigna a los salarios y beneficios de la facultad y empleados.

El estado de California ha implementado ausencias dispensadas para empleados estatales; nosotros aún no hemos llegado a eso. Pero respecto a las deficiencias proyectadas en el nuevo presupuesto estatal, creo que nos hará falta comenzar a planear la posibilidad de ausencias dispensadas para los empleados y/o reducciones salariales temporales o permanentes, como elemento adicional en la respuesta de la universidad a la contracción presupuestaria estatal.

A ese efecto, he pedido al vicepresidente ejecutivo Katherine Lapp y al provoste interino Lawrence Pitts que colaboren con Recursos Humanos, el Consejo General y el Senado Académico para desarrollar tal plan de contingencia. Mi meta es producir para la consideración de los Regentes en mayo una Norma Flexible para los Regentes, que sirva de marco legal amplio para permitir ausencias dispensadas en todo el sistema, o campus individuales, y reducciones salariales, en caso de que así lo exijan las condiciones financieras.

Según lo veo, semejante norma deberá incluir dos componentes críticos; primero una delineación de funciones y responsabilidades de los Regentes, Rectorado, Presidencia y Senados Académicos divisionales para determinar si se deberán imponer ausencias dispensadas y reducciones salariales; y segundo, darle flexibilidad a cada campus para implementar esas acciones en formas apropiadas para sus circunstancias individuales, incluyéndose la necesidad de mantener operaciones de salud clínica, asegurar la seguridad pública, y cumplir con los contratos sindicales y regulaciones gubernamentales existentes.

Sólo cuando tengamos situados estos procesos normativos y el reconocimiento implícito de la necesaria  autonomía de los campus, podremos proceder con las acciones necesarias para responder a nuestra cambiante situación fiscal.